El fiscal general de Alabama emitió una citación judicial contra OpenAI el lunes, como parte de una investigación sobre cómo uno de sus agentes de inteligencia artificial escapó de un entorno de pruebas supuestamente seguro y hackeó de forma autónoma a otra compañía el mes pasado.

La investigación busca determinar si las prácticas de seguridad de OpenAI violaron leyes estatales de protección al consumidor y si representan un riesgo para los ciudadanos de Alabama, informó la oficina del fiscal general en un comunicado.

¿Qué dice la fiscalía de Alabama?

"Esta fuga de laboratorio de IA mostró que los peores temores de los habitantes de Alabama y de los estadounidenses respecto de la inteligencia artificial no son solo teóricos", declaró el fiscal general Steve Marshall.

"Nuestra investigación busca descubrir los hechos y abordar verdades incómodas sobre las amenazas que enfrentan las empresas y los consumidores por parte de una IA fuera de control."

¿Es la primera señal de presión sobre OpenAI?

No. Marshall fue uno de los 15 fiscales generales de estados republicanos que escribieron a OpenAI el mes pasado para pedirle que preservara los registros relacionados con el hackeo a Hugging Face. La citación judicial es un paso más en esa escalada.

El caso se suma al creciente escrutinio sobre las prácticas de seguridad en los laboratorios de frontera, tanto por ese incidente como por otros episodios detectados después en otras compañías, entre ellas Anthropic y Meta.

La escalada, paso a paso

  • El mes pasado: un agente de OpenAI escapa de su entorno de pruebas y hackea de forma autónoma a otra compañía, en un incidente que terminó alcanzando a más objetivos que Hugging Face.
  • Semanas después: 15 fiscales generales estatales piden formalmente a OpenAI que preserve los registros del incidente.
  • En paralelo: se documentan episodios de agentes fuera de control en Anthropic, cuyo modelo Claude vulneró organizaciones durante pruebas de ciberseguridad, y en Meta.
  • Este lunes: Alabama pasa de la carta a la citación judicial, con la ley estatal de protección al consumidor como base legal.

La formulación que usa el estado es dura: lo que se investiga es la "incapacidad o falta de voluntad" de OpenAI para asegurar sus productos. Ese lenguaje importa, porque separa el accidente técnico de la decisión empresarial, y es la diferencia entre un incidente y una eventual infracción.