Una coalición de fiscales generales estatales de Estados Unidos lanzó una investigación amplia contra OpenAI. De acuerdo con un reporte de The Wall Street Journal, la compañía fue notificada el 12 de junio de 2026 con una citación amplia encabezada por la fiscal general de Nueva York, Letitia James. La citación busca documentos relacionados con un rango amplio de actividades de la firma y su potencial impacto en los usuarios.
Entre los puntos consultados están las prácticas publicitarias de OpenAI, sus estrategias de engagement y retención de usuarios, el manejo de datos de consumidores y de salud, sus actividades con menores y adultos mayores, el uso de modelos de deep learning, la sicofancia de los modelos y sus políticas internas.
En una declaración tras la citación, un vocero de OpenAI dijo: "La IA es una tecnología nueva y poderosa, y trabajamos cada día para llevar sus beneficios a las personas de manera responsable. Tomamos en serio las preocupaciones planteadas por los fiscales estatales y vamos a colaborar constructivamente con sus oficinas."
¿Por qué llega justo ahora?
La investigación arriba apenas cinco días después de que OpenAI revelara que había presentado confidencialmente documentos ante la Securities and Exchange Commission para salir a bolsa mediante una IPO que se reporta podría valorar a la empresa en hasta USD 1 billón (1 trillion en notación estadounidense). Si bien la citación parece ser un paso de recolección de información en lugar de una acusación formal, su amplitud sugiere que los reguladores estatales examinan tanto las prácticas de negocio de OpenAI como los riesgos de seguridad asociados a sistemas de IA cada vez más humanizados.
El frente legal ya estaba abierto
OpenAI ya enfrentaba problemas legales reales en otros estados. A principios de este mes, Florida demandó oficialmente a OpenAI y al CEO Sam Altman, siguiendo una investigación criminal iniciada en abril de 2026. La demanda civil, presentada por el fiscal general de Florida, James Uthmeier, el 1 de junio, acusa a OpenAI de lanzar y promocionar ChatGPT de manera agresiva al público, incluidos niños, mientras supuestamente ocultaba riesgos serios, suprimía advertencias internas de seguridad y desinformaba a los usuarios sobre los peligros del producto.
La denuncia de Florida sostiene que el chatbot puede facilitar daño, incluyendo autolesiones y violencia, mientras también alega que OpenAI recolecta datos de menores sin supervisión parental significativa y ha minimizado el riesgo de errores peligrosos.
¿Qué buscan exactamente los fiscales?
Sumado a estas preocupaciones, la citación reciente se enfoca en el manejo que hace OpenAI de los datos del consumidor y los datos de salud, un tema clave dado que los usuarios suelen compartir información personal sensible con los chatbots de IA. A diferencia de los buscadores tradicionales, los sistemas conversacionales pueden inducir a los usuarios a revelar preocupaciones médicas, angustia emocional, detalles financieros, problemas familiares u otra información privada durante un uso ordinario.
La citación refleja un ajuste de cuentas más amplio sobre una tecnología que escaló más rápido que los marcos legales destinados a gobernarla. Por ahora, la investigación es un ejercicio de recolección de información, no un hallazgo de irregularidades, y OpenAI dijo que toma en serio las preocupaciones de los fiscales y cooperará con la investigación.
